El reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, ha sacudido nuevamente los cimientos del debate sobre la seguridad pública en México. Este evento no sólo pone en evidencia la fragilidad de la protección del Estado frente al crimen organizado, sino que invita a un análisis más profundo, claro y digerible de la situación actual del país en materia de seguridad.
¿Quién era Carlos Manzo y qué relevancia tiene su asesinato?
Carlos Manzo se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan. Había ganado atención por su postura aparentemente firme contra el crimen organizado, lo que le otorgó visibilidad nacional.
Su muerte ocurrió en un evento público, lo cual señala la vulnerabilidad extrema que aún persiste para funcionarios locales.
Tras los hechos, se instaló una mesa de seguridad en Uruapan que involucró fuerzas federales y estatales como la Guardia Nacional, el Ejército y la fiscalía local, en un intento por contener la crisis, pero no ha sido exitosa.
El estado de la seguridad en México: hechos, retos y paradojas
Hechos y señalamientos relevantes
- La oposición política calificó la situación como “una tragedia nacional”, exigiendo al gobierno acciones concretas y autocrítica.
- Medios de análisis expresan que la crisis de seguridad ya no es sólo un problema de cifras, sino de abandono de municipios, falta de respaldo y fortalecimiento de estructuras del crimen.
- Se señala la urgencia de que el gobierno federal acelere su estrategia de seguridad ante presiones tanto internas como externas, incluyendo la cooperación con los Estados Unidos.
Retos y contradicciones
- Por un lado, el gobierno afirma que no volverá a la «guerra contra el narco» en su forma tradicional. Según declaraciones de la mandataria federal Claudia Sheinbaum, “regresar a la guerra contra el narco no es opción”.
- Pero, al mismo tiempo, los hechos señalan que los municipios siguen altamente vulnerables: policías locales mal equipados, recursos concentrados en el nivel federal y muchas instancias locales sin respaldo real.
- Existe una paradoja: las autoridades dicen apostar por justicia, coordinación y prevención; sin embargo, un alcalde que era blanco directo del crimen organizado –y que citó en repetidas ocasiones en entrevistas y medios de comunicación– cae en el ejercicio de sus funciones. Esto demuestra que la estrategia federal aún no está funcionando de manera integral.
¿Qué significa este momento para la República Mexicana?
- El asesinato de Manzo marca una línea de riesgo institucional: cuando un alcalde es víctima en un acto público, no es solo una tragedia local, sino un mensaje simbólico de que el Estado no garantiza protección ni a sus propios representantes.
- La “deuda” de protección estatal frente a la ciudadanía se vuelve más evidente. En varios municipios no tan solo de Michoacán sino de otros estados de la República Mexicana, tienen estructuras de seguridad que operan bajo presión, sin suficiente apoyo técnico, logístico o estratégico.
- Este momento podría ser un punto de inflexión: si no se logra una reacción creíble, el desaliento y la desconfianza ciudadana pueden incrementarse. La sociedad demanda resultados, no sólo discursos.
¿Y ahora qué puede esperarse y que deberá exigirse?
- Investigación efectiva y cero impunidad. Si no se castigan los responsables —materiales e intelectuales—, el ciclo seguirá repitiéndose. La presidenta nacional ha señalado que “investigar y que no haya impunidad” es lo fundamental.
- Refuerzo de las capacidades locales. Es necesario fortalecer las policías municipales, asegurar buenos salarios, equipamiento y capacitación, y devolverles parte del protagonismo en la seguridad pública.
- Coordinación real entre niveles de gobierno. Lo sucedido en Uruapan demuestra que el respaldo federal y estatal debe sincronizarse con lo municipal, pues es allí donde la violencia se manifiesta de forma más cruda.
- Plan de largo plazo acompañado de desarrollo social. La seguridad no es solo la presencia de fuerzas armadas o patrullas, sino la reducción de condiciones sociales que favorecen el crimen (desempleo, marginación, impunidad).
- Transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía debe exigir datos reales, no maquillados, para evaluar si las estrategias están resultando o si quizás simplemente se están cambiando de nombres.
Conclusión
El homicidio de Carlos Manzo es mucho más que una noticia lamentable: es una alerta para la República Mexicana. Nos indica que, pese a los discursos y aparatos de seguridad, la vulnerabilidad ciudadana —y de los propios funcionarios— sigue siendo grave. Este hecho debería movilizar tanto a autoridades como a ciudadanos, para exigir que la seguridad sea un derecho garantizado y no un privilegio. El reto está en transformar las estrategias en resultados tangibles.