A pesar de los avances macroeconómicos moderados, México enfrenta una realidad persistente: la desigualdad económica sigue siendo una de las principales barreras a la movilidad social. Miles de personas permanecen atrapadas en empleos informales, sin protección social, con bajos ingresos y pocas rutas reales para mejorar sus condiciones de vida. Este artículo explora cómo se manifiesta esa desigualdad, qué datos la evidencian y qué tan lejos está México de ofrecer un entorno más equitativo.
Informalidad laboral: el gran muro invisible
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de la mitad de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad nacional subió al 54.8 %, lo que equivale a unos 32.6 millones de personas sin prestaciones, seguridad social ni estabilidad laboral.
Estos empleos informales abarcan distintos sectores, pero tienen especial incidencia en comercio minorista, servicios personales y en algunas actividades rurales.
Región, género y pobreza: desigualdades intercaladas
No todos los mexicanos enfrentan la desigualdad de la misma manera. Las diferencias regionales son brutales: estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registran niveles de informalidad que alcanzan o superan el 75 – 80 %, mientras que entidades como Nuevo León, Coahuila o Baja California tienen tasas mucho menores, cerca del 35-40 %.
El género también marca una diferencia: en términos de empleo informal, las mujeres se encuentran ligeramente por encima de los hombres. En 2025, la tasa entre mujeres fue aproximadamente 55.3 %, contra un 54.5 % de los hombres, lo que aunque no parezca una gran brecha porcentual, implica que millones de mujeres están en condiciones más vulnerables de entrada.
Movilidad social: ¿se puede salir adelante?
La movilidad social —la posibilidad de que una persona nacida en condiciones desfavorables mejore su situación económica— depende en buena medida de tres factores: educación de calidad, acceso a empleo formal y protección social. En México, los obstáculos siguen siendo fuertes:
- La informalidad reduce drásticamente la posibilidad de acumular derechos laborales, pensiones, seguro médico, etc.
- Los salarios en empleos informales son mucho más bajos, lo que limita la capacidad de ahorro, inversión en vivienda o educación.
- Las regiones con mayor desigualdad (por ejemplo los estados del sur) generalmente tienen menor acceso a infraestructura, servicios educativos de calidad y oportunidades de empleo formal, lo que perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional.
Adicionalmente, reportes de organismos internacionales como la OCDE indican que México tiene uno de los índices de desigualdad de ingresos más altos del grupo, tanto al medir la pobreza como la distribución de ingresos. El coeficiente de Gini del país ronda los 42 puntos, bastante arriba del promedio de la OCDE.
Consecuencias sociales y económicas
Las consecuencias no son solo morales o personales, tienen impactos estructurales y colectivos:
- Dificultad para el crecimiento del mercado interno, pues muchas personas carecen de poder adquisitivo real.
- Presión sobre los servicios públicos: salud, vivienda, educación, transporte.
- Posible deterioro en la cohesión social: cuando la movilidad parece cerrada, crece la frustración, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de injusticia.
¿Qué se ha intentado y qué podría funcionar?
Algunas políticas y medidas ya están en marcha o se han propuesto para mitigar la desigualdad y fomentar la movilidad social:
- Programas sociales destinados a zonas más rezagadas, con transferencias directas de ingreso, apoyos educativos, y becas para mejorar acceso a la educación superior.
- Reformas laborales que incentiven la formalidad: reducción de barreras regulatorias, estímulos fiscales para pequeñas empresas que formalicen al personal.
- Mayor inversión pública en infraestructura educativa y de salud en regiones con altos niveles de pobreza y desigualdad, para reducir la brecha de acceso.
- Mejorar la protección social (pensiones, seguro de desempleo, salud) para quienes actualmente no tienen esos derechos.
Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende de su implementación, de evitar corrupción o desviaciones, de asegurar financiamiento estable y de que exista voluntad política y social para priorizar la equidad.
Conclusión
La desigualdad económica y la limitada movilidad social en México no son fenómenos nuevos, pero sus efectos se sienten hoy más intensamente. Con más de la mitad de los trabajadores en informalidad, con disparidades regionales marcadas y brechas de género persistentes, el país continúa con estructuras que impiden que muchos puedan mejorar sus condiciones de vida.
Mejorar la movilidad social requerirá no solo de recursos, sino de compromiso: garantizar empleos formales, mejorar la educación, reforzar la protección social y apuntalar el desarrollo regional. Sin estos pasos, los sueños de ascenso seguirán siendo para muchos solo expectativas frustradas.